En Naciri, residente en Alcalà de Xivert (Castellón), se encuentra en paradero desconocido desde que ayer fuera trasladado del CIE de València supuestamente a Algeciras, en aplicación de una orden de expulsión inmediata que consideran "ilegal" ya que, afirman, según la Fiscalía del Estado su caso se tenía que haber revisado.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han informado a EFE de que la orden de expulsión por siete años fue dictada por la Audiencia Provincial de Teruel, a petición del propio hombre, Hassan En Naciri, en sustitución de la pena de prisión de tres años, y que es el juzgado el que pone los hechos en conocimiento a la Policía Nacional, sin la intervención por tanto de la Oficina de Extranjería.
Según la familia y los abogados, En Naciri, residente en Alcalà de Xivert (Castellón), se encuentra en paradero desconocido desde que ayer fuera trasladado del CIE de València supuestamente a Algeciras, en cumplimiento de una orden de expulsión "inmediata" y a pesar de que sus letrados habían presentado un recurso para que se revocara la orden.
El abogado del hombre, Antonio Pérez, del despacho ZB&P Abogados, ha relatado a EFE que se han puesto en contacto con el CIE y con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para conocer el destino de su cliente, que fue detenido el pasado el pasado 9 de marzo, y que la única información de la que disponen es que fue subido a un coche ayer, a las 15 horas, con destino a Algeciras.
En Naciri, nacido en Marruecos y residente en Alcalà de Xivert desde 2004, casado y padre de dos niñas de 7 y 5 años y un bebé de dos años, fue condenado en enero de 2016 por la Audiencia de Teruel a 3 años de cárcel por un delito contra la salud pública, por la venta al menudeo de cocaína, y en octubre de ese mismo año se sustituyó la prisión por su expulsión de España.
Dicha orden, añade su abogado, no se ejecutó hasta el pasado 30 de noviembre, fecha en la que la Audiencia provincial de Teruel dictó una orden de "búsqueda y captura", que llevó a su detención el pasado 9 de marzo. La defensa del hombre asegura que la orden de expulsión es "ilegal" porque, según la circular 7/2015 de a Fiscalía del Estado, al no haberse ejecutado en el plazo de dos años era obligatorio haber revisado, antes de proceder a la expulsión, sus actuales circunstancias.
Según señala, el hombre tenía trabajo y estaba "perfectamente arraigado" en el municipio castellonense en el momento de su expulsión, ya que las niñas están escolarizadas en la población y compró un piso con hipoteca en 2018 en el que vive con su familia. Además, alega que la hija mayor tiene nacionalidad española desde 2017, y la pequeña ya tiene el informe favorable para la concesión, por lo que en cumplimiento con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 8/3/2011 "era imposible expulsar a Hassan por ser padre de una ciudadana europea, que depende económicamente de él y además es menor".
A juicio del abogado, se trata por tanto de una "clara vulneración de los derechos humanos", y asegura además que trasladaron a la Fiscalía un informe para que se revocase su expulsión, del que todavía no han tenido respuesta. Pérez ha señalado asimismo que no han podido averiguar el paradero actual del hombre, por lo que temen que se le aplicara una expulsión "inmediata" cuando llegó a Algeciras, una medida que considera "ilegal".
