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Prisión permanente revisable: justicia o exceso.

El que suscribe este artículo no puede sino estar a favor de esta pena privativa de libertad, que no de `vida´ -término que algunos parecen confundir al exponer sus argumentos en detrimento de aquella-, a pesar de que la pena de muerte fue abolida por la vigente Constitución Española.

En apoyo a mi parecer, son estos los fundamentos a exponer:

En primer lugar, la pena de prisión permanente revisable no constituye una vulneración de derechos humanos, habiendo sido avalada a tal efecto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas sentencias, tras su aplicación en países de nuestro entorno, así como por no revestir un carácter de trato inhumano ni degradante al que hace mención el artículo 15 de la Constitución.

En segundo lugar, ostenta un carácter excepcional, puesto que su imposición se limita a un `numerus clausus´ previsto en el propio Código, es decir, únicamente resultará aplicable en aquellos supuestos extremadamente graves y que resulten comprendidos en ese listado tasado y cerrado de delitos, entre los cuales, es interesante destacar en relación con los casos mencionados al inicio del artículo, cuando: `la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad´ o `el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima´.

Asimismo, y como su propio nombre indica, es revisable, por lo que no estamos ante una cadena perpetua en sentido estricto.

La posibilidad de revisión entrará en juego `al menos, cada dos años´ cuando concurran los siguientes presupuestos: que el penado haya extinguido un mínimo que oscila entre 25 y 30 años de prisión, su clasificación al tercer grado penitenciario y la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social en los términos establecidos en los artículos 78 bis y 92 del Código Penal.

Finalmente, incidir en el hecho de que resulta evidente que se trata de una pena que no está dirigida a la reinserción y reeducación social a la que se refiere el artículo 25 de la Carta Magna, sino que reviste un carácter punitivo. Ahora bien, aunque a priori pueda parecerlo, ello no implica que vulnere esa orientación que debe caracterizar las penas en España y que, en ocasiones, habilita erróneamente a rechazar aquellas otras, que son un ejemplo de justicia y que ponen en entredicho las bases del régimen penal español, poniendo de manifiesto que tal finalidad esencial no puede presidir aquellos supuestos en los que, atendidas las circunstancias personales del reo y del hecho cometido, la reinserción social esté abocada al fracaso.

En definitiva, la prisión permanente revisable es una cuestión que abre un amplio debate que a nadie deja indiferente. Múltiples opiniones se han formulado desde distintos sectores - jurídico, político y social-, cuyas reacciones no se han hecho esperar. No obstante, a día de hoy, no parece estar próximo ni claro el destino de esta pena y sus consecuencias.

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